Hace unos años alerté sobre el avance del crimen organizado en Chile y que no era un caso más de delincuencia común, sino algo más elaborado y coordinado. En aquella columna de opinión para el medio de comunicación La Red, mencioné que el Observatorio del Narcotráfico (2021) había detectado organizaciones criminales como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa (el Chapo Guzmán) y el Cartel del Golfo, del Valle de Cauca, operando en nuestro país (La Red, 2022). Una de las formas de articulación usadas por estas organizaciones criminales fue la de establecer alianzas con grupos locales para empoderarse e imponer el terror en las principales comunas y ciudades del país, debilitando al Estado y permeando toda la institucionalidad. Estas bandas usaron la violencia como una forma de resolución de conflictos, siendo su principal mecanismo de imposición del poder, situación que insegurizó al país y amedrentó a la sociedad. Al crecer peligrosamente el crimen organizado, su actuar de violencia creció y con ello la percepción de abandono social se ramificó en el país, transformando a la delincuencia en la principal preocupación de los ciudadanos.
La realidad de 2025 es aun más dramática que la de 2022. Según el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello (2025), en el país habría doce organizaciones criminales operando: Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Meleán, Los Orientales, Los Valencianos, Los Shottas, Los Espartanos, Los Pulpos, Los del Callao, Los Trinitarios, Clan Bang y Jalisco Nueva Generación. Estos grupos hoy se disputan el poder económico y territorial, expandiendo el miedo y, sobre todo, han fomentado la corrupción en todas sus dimensiones1. Según este estudio, en los últimos diez años (2014-2024) los homicidios aumentaron un 86%, los secuestros en un 74% y las extorsiones más de un siete mil por ciento (El Mercurio, 2025). En el caso de la corrupción, los nexos que pueden establecer estas organizaciones impactan negativamente en el rol del Estado y amenazan la calidad de la democracia. Hoy las Fuerzas Armadas y las instituciones encargadas de velar por la seguridad del país han estado en el foco de la atención, pues funcionarios de estas ramas y de las policías han estado contrabandeando droga por medio del uso de infraestructura pública.
El posicionamiento de las organizaciones criminales en los aparatos públicos y especialmente en las Fuerzas Armadas no puede ser visto como un hecho aislado, pues la penetración del crimen organizado es un problema que debilita la imagen del país y hace de la corrupción un mecanismo de control estatal difícil de romper. El informe sobre crimen organizado global (Global Organized Crime Index) de 2025, destacó que Chile ha empeorado progresivamente su puntuación internacional desde el año 2021, básicamente debido a la irrupción del Tren de Aragua en el territorio (Global Organized Crime, 2025). En 2021 el índice de criminalidad de Chile fue de un 4,6%, en 2023 subió a 5,18 % y en 2025 fue de un 5,48%, ubicando al país en el octavo lugar en Sudamérica, detrás de Argentina (5,25%), Bolivia (5,12%) y Uruguay (3,57%).
Consignar estos datos no es algo antojadizo, ya que ayuda a ponderar el dilema en que está Chile frente el evidente avance del crimen organizado en el territorio. Pero su lucha no puede darse de forma aislada, sino que debe ser algo integral y con coordinación internacional con nuestros países vecinos, sobre todo en la macrozona norte. El informe del Ministerio Público (MP) determinó que el crimen organizado está presente en todo el país mediante células locales, que realizan distintas operaciones, como trata de personas, extorsión, tráfico de armas o de drogas, siendo la zona del norte grande uno de los focos más atractivos para estas organizaciones (El Mercurio, 2025). Por ejemplo, de las diez comunas del país con más delitos asociados con el crimen organizado, el 60% de los casos está concentrado en la zona norte, puntualmente Tarapacá (Cescro, 2025). A juicio del Ministerio Público: “La Macrozona Norte de Chile, integrada por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, se ha consolidado en los últimos años como un territorio estratégico para el asentamiento y expansión del crimen organizado” (El Mercurio, 2025, C4).
Los datos aportados dan cuenta de la importancia que reviste para el Estado poder controlar la zona norte y sus fronteras, para evitar que el crimen organizado siga ramificándose por el país y continué debilitando nuestras instituciones. En esta dirección, el Estado de Chile se ve en la obligación de diseñar una estrategia regional contra el crimen organizado y el narcotráfico. No es algo fácil, pues se requiere establecer acercamientos con países que no comulgan con las mismas ideas, pero que tienen un problema en común: la inseguridad en sus territorios. Diseñar una agenda de trabajo en conjunto con países vecinos, como Bolivia o Perú, hoy se hace imprescindible para combatir el peligro que representa para estos estados el crimen organizado.
Bolivia acaba de tener elecciones presidenciales y, tras dos décadas de predominio de la izquierda, Rodrigo Paz Pereira fue electo presidente. El nuevo mandatario señaló que la política exterior de su país debe cambiar y ve con buenos ojos recomponer las relaciones con Chile (El Deber, 2025). Combatir entre ambos el crimen organizado y el narcotráfico perfectamente puede ser un argumento válido para el trabajo en conjunto, entendiendo que la zona norte de Chile comparte una amplia frontera con Bolivia y también con Perú.
Probablemente establecer una política de trabajo en conjunto con Perú resulte menos posible que con Bolivia, básicamente porque el Perú no ha logrado una cierta normalidad política, ya que ha estado más concentrado en resolver los problemas que han tenido sus presidentes, más que aunar esfuerzos por combatir al crimen organizado. Sin duda el escenario regional no es muy positivo para coordinar una política entre ellos. Empero, a pesar de esta gran dificultad democrática que tiene el Perú, se hace necesario establecer puentes diplomáticos en pos de un objetivo mayor. Si se mira en detalle el informe de Global Organized Crime, tanto Perú como Bolivia y Chile tienen indicadores de crimen similares, lo que deja planteada la idea de que un trabajo regional es el camino para estabilizar la región y evitar que el crimen organizado siga creciendo en Chile y el resto de los países.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (2025). Indicador Nacional de Crimen Organizado en Chile. Santiago de Chile: USS. Recuperado de: https://www.uss.cl/cescro/
- Global Organized Crime (2025). Chile. Ginebra, Suiza: Global Initiative. Recuperado de: https://ocindex.net/assets/downloads/2025/english/ocindex_profile_chile_2025.pdf
- Lilian, C. y Rodríguez, O. (10 de noviembre de 2025). Estudio alerta que Tren de Aragua es una amenaza a la seguridad nacional. En: El Mercurio, cuerpo C.
- Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (2025). Radiografía de la seguridad en Chile: 2014-2024. Santiago de Chile: UNAB. Recuperado de: https://ipp.unab.cl/publicacion/radiografia-de-la-seguridad-en-chile-2014-2024/
- Quiroz, M. (22 de octubre de 2025). Rodrigo Paz plantea un reset con Chile: cooperación fronteriza, sin restablecimiento inmediato de embajadores. La Paz, Bolivia. Recuperado de: https://eldeber.com.bo/pais/rodrigo-paz-plantea-reset-chile-cooperacion-fronteriza-vinculos-basados-democracia-restablecimiento-inmediato-embajadores_1761151309 de noviembre de 2025.
- Quitral, M. (23 de mayo de 2022). No es simple delincuencia, es crimen organizado. Santiago de Chile, Chile. En Desenfoque. Recuperado de: https://desenfoque.cl/2022/09/30/no-es-simple-delincuencia-es-crimen-organizado/
- Rodríguez, L. C. (4 de noviembre de 2025). De norte a sur: las 16 organizaciones criminales transnacionales que llegaron a Chile en los últimos años. El Mercurio, C4.