Los datos actuales y las cifras oficiales respaldan la percepción popular de que existe un incremento de la delincuencia en el país, un aumento de la violencia y mayor inseguridad pública. Cabe mencionar solo un par de indicadores que reflejan esta tendencia: el incremento continuo de los homicidios desde 2012, que alcanzó su cúspide en 2020; lo que equivale a un crecimiento del 84,8% en ocho años. De hecho, para el primer semestre de 2022 ya se comprobó un aumento del 30% respecto del mismo período el año anterior. Igualmente, aumentaron los robos con violencia e intimidación en todo el país, el uso de armas de fuego en diversos delitos y el hallazgo de armas de fuego y de explosivos, que en 2021 creció en 16% respecto del año anterior. Por otra parte, para el 86,9% de las personas la delincuencia aumentó en el país, según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc, 2021).
En suma, hay un alto temor a los delitos, cada vez más violentos, contra las personas y la propiedad. Existen elementos concretos que avalan la tesis del crecimiento del crimen organizado en territorio nacional, como la presencia de células de poderosos carteles de droga foráneos y grupos radicales violentos en diversos territorios del sur del país. Este escenario de crisis e incertidumbre es construido por un concierto de delitos, incivilidades y riesgos que cobran vidas y generan mucho temor. ¿Cómo actuar?
La sociedad en su conjunto se enfrenta a varios dilemas en torno a la seguridad y las autoridades, que actúan en su nombre, tienen el deber de tomar decisiones y medidas coherentes con la naturaleza del problema. Esas decisiones no han de ser necesariamente a corto plazo, algunas implican una tarea ardua y de largo aliento. No obstante, dada la magnitud del problema, no se debe esperar más.
Las alternativas expresadas en este documento nacen de la continua reflexión, producto de los cursos que he venido dictando como docente en materia de políticas públicas, institucionalidad y desarrollo de la seguridad pública. En ese contexto, he investigado diversas materias de índoles criminológicas, sociales y políticas, que son también fruto del razonamiento a partir de las consultas realizadas por estudiantes de posgrado y profesionales, al intentar lograr mayores niveles de precisión y claridad respecto de un tema que resulta polémico, confuso y poco definido.
En razón de lo anterior, lo más importante es afirmar dos elementos base. En primer término, hay que reconocer que los problemas de seguridad deben tener como denominador común al ser humano, a la persona humana dotada de racionalidad, conciencia, intuición, creatividad, libertad, discernimiento, que se desarrolla en un marco de vida junto a otras personas. Este foco centrado en las personas, sus demandas, anhelos, necesidades, tiene como eje la noción de seguridad humana establecida hace largo tiempo por Naciones Unidas (PNUD, 1994). No obstante, este concepto debe actualizarse y acoplarse con otras perspectivas que le dan mayor contemporaneidad, dados los años que han pasado desde su surgimiento, puesto que el mundo y los procesos sociales han cambiado radicalmente y, en consecuencia, hay que aplicar rigurosidad analítica para posibilitar un anclaje más fino y certero a la realidad de las políticas públicas en tiempos de incertidumbre social, hipermodernidad e individualización a escala planetaria (Lipovetsky, 2007).
En segundo término, en línea con la perspectiva de la seguridad humana, se debe volver a revisar la vida en comunidad, retomando la tradición histórica de la política en la ciudad o polis griega. Es decir, estudiando esa idea clave en el mundo occidental que concibe a la polis como la unidad orgánica por excelencia donde se desarrolla la vida cotidiana y se participa de los asuntos públicos. Como afirmó Aristóteles (2019), la persona humana es por naturaleza un animal político que tiene la capacidad de organizarse, relacionarse políticamente y crear ciudades. Crea una polis como un organismo social que es connatural a él, pues pertenece a su misma esencia.
Teniendo presente la concepción de la vida común, no aislada, ni individualizada ni entregada a fuerzas globales, características de la vida moderna actual, es que se puede llevar lo ideado al campo de la acción política y estratégica, de la aplicación práctica.
Es fundamental tener presente tres aspectos básicos que pueden ayudar a comprender y resolver los dilemas actuales en el ámbito de la seguridad. En primer lugar, la seguridad debe ser abordada como primera prioridad pública. Esto significa que debe ser un objetivo central de la función conductora y previsora del Estado y que todo gobierno debería conservar, mantener y mejorar. No solo debe ser parte de un programa de gobierno en particular, sino superar y trascender el trabajo de un presidente y su centro de gobierno, sea de la coalición o partido político que sea. Este principio de primera prioridad para la seguridad es algo que no se comprueba en la práctica. En efecto, con cada ciclo presidencial de cuatro años se alteran los objetivos, se cambian las políticas, planes y proyectos, se escriben de nuevo las estrategias, comienza una nueva relación con el sistema de seguridad (policías, fiscalía, justicia, gendarmería, defensoría, etc.), perdiéndose tiempo valioso, esfuerzos ya realizados, lecciones aprendidas, conocimientos que se esfuman. Ensayos innecesarios vuelven como errores políticos. En definitiva, de lo avanzado a lo retrocedido, de lo novedoso a lo conocido, todo se convierte en una secuencia de pérdida de sinergia y compromiso por parte de las personas encargadas, dando lugar a un eterno retorno. Así no se avanza, pues las policías se confunden, los agentes persecutores pierden iniciativa, la opinión pública permanece desinformada y queda la sensación de que no hay avances en la materia. Al empezar todo de nuevo, sin poner la seguridad de las personas en el centro de la acción gubernamental, surge un espacio de ingobernabilidad. En suma, la función de seguridad del Estado no debe ser eclipsada por cuestiones ni aun de importancia máxima, ya que este asunto de suyo lo es.
En segundo lugar, el Estado debe volver a ser el centro del poder. Esta afirmación es clave para insistir en el lugar central que tiene el Estado en el combate contra la delincuencia y la criminalidad. La función de conducción para conseguir armonía y el bien común, de previsión de problemas futuros como cabeza de la comunidad es algo que solo le compete al Estado, ya que este nace desde y es integrado por la comunidad. No obstante, el diagnóstico contemporáneo es claro: el Estado está debilitado, ha perdido su centralidad y legitimidad.
El Estado como entidad principal de la comunidad ha permanecido enfrentado a obstáculos y amenazas globales y locales, desde el neoinstitucionalismo que aboga por su reducción a la gestión de un mínimo de asuntos, hasta la globalización financiera que lo supone un impedimento para las inversiones y la desregulación capitalista. Sin embargo, el Estado es la principal estructura de poder que posee las herramientas necesarias para actuar en materia de orden y seguridad, para realizar prevención, controlar, ejercer labores de reinserción, sancionar conductas desviadas.
Donde hay un Estado débil, el vacío de poder es inmediatamente capturado por un usurpador que toma ese poder para sí, en un juego de suma cero. Esto es precisamente lo que hacen actores no-estatales, como los grupos violentos o las pandillas: obtienen respaldo local, capturan apoyos, copan territorios, imponen sus términos e impiden la presencia preventiva y activa de las instituciones políticas estatales. Así se dificulta la permanencia de la armonía interna, porque los actores criminales crecen y se desarrollan en el seno de la comunidad y se facilita la influencia externa de actores trasnacionales, como las grandes bandas de narcotraficantes que impiden la afirmación del país en el ámbito internacional.
En efecto, los carteles de la droga, las mafias, los grupos terroristas, las asociaciones ilícitas de gran envergadura, contrabandistas, las pandillas, cruzan las fronteras, como cualquier entidad trasnacional, y escogen lugares idóneos para hacer crecer su negocio, lograr más poder o mayor impunidad. Escogen un sitio donde les convenga propagar sus actividades y, en consecuencia, se instalan en países cómodos y fértiles para su actividad criminal. Así de simple. Esta globalización de los bienes, personas, del propio consumo, es también un aliado para el crimen transfronterizo y, por ello, un Estado con facultad conductora, poder y legitimidad para actuar en contra de estas rupturas será el principal aliado de la comunidad organizada que representa, con el fin de reducir estas influencias desestabilizadoras.
En tercer lugar, la comunidad organizada debe volver a reafirmarse en su lazo social estrecho, solidario y mancomunado. Una comunidad organizada abarca a la totalidad de las personas del país, sin distinción y concibe al ser humano en el centro: sus actividades, demandas, deseos y necesidades; la protección personal y el derecho a la vida y a su libertad.
La dignidad personal no debe ser amenazada a diario por las fuerzas de la violencia, el delito y el crimen. En efecto, la comunidad humana no es una simple asociación o suma de individuos debido a que sus miembros no están orientados exclusivamente hacia la satisfacción de intereses particulares, ya que persigue fines comunes a partir de una historia y experiencia compartidas. Resulta relevante que la comunidad organizada no sea desintegrada por visiones parciales, fragmentarias, desconfiadas y desconectadas socialmente como consecuencia de un pensamiento altamente individualista, centrado en el placer y la satisfacción inmediata, sin vínculos ni compromiso ético con la polis, instigado por impulsos artificiales separatistas, externos e internos.
En suma, para recuperar la armonía y la paz social también se debe trabajar en recuperar el lazo social perdido, sustituido en el tiempo presente por falsas uniones, pasajeras y líquidas, por comunidades tipo perchero de las que se cuelgan los deseos efímeros producto de la necesidad de escapar del miedo, logrando meramente un interés puntual, breve y artificial de protegerse de la inseguridad (Bauman, 2005). La comunidad organizada es un ente rector de la vida cotidiana en que las personas se relacionan para frenar los impulsos del conflicto y la agresión, propios de la condición humana natural-animal, que han llevado a la violencia y la guerra a los grupos humanos durante centurias. De ahí que la comunidad organizada, en conjunto con un Estado robusto, probo, legítimo, dotado de poder, tenga la última palabra en la materia para reducir el conflicto y las conductas antisociales, logrando armonía y una acción afirmativa frente a los agentes delictuales y criminales que subvierten la legalidad.
Estos tres aspectos básicos, que asoman como principios filosóficos, pero que vistos en detalle son también de naturaleza práctica, permitirán construir un ecosistema de la seguridad con propósitos claros y que aporten equilibrio al cuerpo social. Quedan muchas cosas por hacer más allá de estos principios, eso es indudable, pero hay que partir por edificar las bases sobre las cuales diseñar las estrategias y los flujos de acción. Todo esto debe ser hecho con celeridad y sentido de urgencia.
Un cuarto punto final de estas notas sobre el dilema actual de la seguridad es pensar en el futuro. Teniendo como base la prioridad de la seguridad, conducido por un Estado empoderado, con mando, que trabaja sin descanso por el bien de una comunidad organizada, cercana y solidaria, se deben prever las amenazas a la seguridad para los próximos diez años. Las principales, aunque no exclusivas, serán la radicalización de niños y jóvenes en manos de grupos violentos (insurgentes o delictivos); la hibridación entre el crimen organizado y el terrorismo (cuestión que es evidente en toda Hispanoamérica); el aumento proactivo de armas ilegales en manos de bandas y clanes locales; la penetración de más grupos trasnacionales de corte terrorista, como el terrorismo islamista radical (Cassaglia, 2022) o las mega bandas del tipo Primer Comando de la Capital o nuevos carteles de droga que irrumpan en el país (Ministerio Público, 2021), muchos de los cuales ya tienen presencia activa y muy numerosa en países vecinos.
Las señales de alerta ya están en conocimiento de las autoridades competentes. De igual manera, pensar en el futuro implica que, desde la comunidad y con los agentes del Estado encargados, se pueda reducir la enorme influencia de los estilos de vida criminales que sensibilizan, hipnotizan y capturan a niños, niñas, jóvenes y adultos jóvenes hacia el mundo del hampa, quienes se compenetran y actúan en medio de una subcultura criminal, motivados por fines económicos y simbólicos, el dinero y la fama, convirtiéndose en sujetos que desarrollarán carreras criminales o antisociales, los capos de la droga del futuro.
Pensar en el futuro de la seguridad implica detectar las señales que pongan en riesgo la estabilidad y paz de la comunidad, que puedan destruir la armonía interna que debe proveer el Estado y disputarle el poder soberano que posee, ya que, en términos aristotélicos, los seres humanos son animales políticos, seres sociales, conectados y comunicados entre sí, con vivencias, cultura, historia, destino, que han dotado al Estado del imperio para actuar en su nombre y trazar un proyecto colectivo, que obviamente debe tener garantizada la seguridad y convivencia pacífica de manera que este organismo social perviva.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Aristóteles (2019). Política. España: Mestas Ediciones.
- Bauman, Z. (2005). Comunidad. En busca de la seguridad en un mundo hostil. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
- Cassaglia, A. (2022). La sombra del Hezbollah crece y amenaza América Latina. Revista AL-GHURABÁ (58). España: Ciseg.
- Enusc (2021). Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. Santiago de Chile: Instituto Nacional de Estadísticas. Recuperado de https://datos.gob.cl/en/dataset/encuesta-nacional-urbana-de-seguridad-ciudadana-enusc
- Lipovetsky, G. (2007). Los tiempos hipermodernos. Barcelona, España: Anagrama.
- Ministerio Público (2021). Informe 2021. Observatorio del narcotráfico en Chile. Unidad especializada en tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicos. Recuperado de http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/observatorio_2021.pdf
- PNUD (1994). Nuevas dimensiones de la seguridad humana. Informe sobre desarrollo humano. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr1994escompletonostatspdf.pdf